En Bolivia hay dos documentos, entre otros, que determinan quién puede acceder al poder y quién, convenientemente, no. El certificado de lengua originaria y la libreta de servicio militar. Ambos son requisitos constitucionales para ejercer cargos públicos. Y también ambos pueden ser usados como filtro para inhabilitar candidatos en las cada vez menos creíbles elecciones. Pero hay una diferencia fundamental entre estos dos papelitos que revelan cómo funciona realmente el poder en este país. El certificado de idioma incomoda a ciertos grupos y la libreta militar las deja extrañamente tranquilos.
El certificado de lengua originaria exige conocimiento de un idioma nativo para acceder a la función pública. En teoría y solo en teoría, esta es una medida de descolonización. En la práctica, sirve para acrecentar una estructura de corrupción y también inhabilitar postulantes a diferentes cargos, generalmente opositores políticos de los gobiernos de turno. En las últimas elecciones el Tribunal Supremo Electoral (TSE) observó a varios candidatos de seis partidos de oposición por no cumplir este requisito. El partido de gobierno extrañamente no tuvo ningún cuestionamiento. El reciente Decreto Supremo 5688 eliminó el certificado único y ahora es de vigencia indefinida, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo, el requisito es solo un “papelito” que se exige para acreditar un supuesto conocimiento, para nada es una política real de promoción lingüística.
Seré enfático al decir que hablar un idioma originario en Bolivia sigue, y por lo visto seguirá, siendo visto como un signo de atraso, no como un avance en lo cultural. Por eso este requisito parece que incomoda a algunos, ya que les obliga a demostrar algo que en el fondo desprecian. Queda entonces demostrada la lógica del desprecio de la que hablé en un anterior artículo sobre racismo estructural. El indígena solo es folklore para campañas, pero cuando hay que exigirle algo a la élite, el requisito se vuelve “innecesario” o “discriminatorio”. Y la verdad no es que el certificado sea malo en esencia. El problema es que no justifica su existencia, ya que se ha convertido en una herramienta de control o una tranca que se debe vencer aunque sea de manera ilegal.
La libreta militar, en cambio, no incomoda a esos algunos. Porque para un joven de clase baja, obtener este certificado significa pasar un año en el cuartel, en condiciones que el mismo estado reconoce como precarias. Los soldados de origen indígena y campesino son enviados a los cuarteles más alejados y reciben el trato de “perros sarnosos”, expresado en una sociedad que ve con tibieza y hasta orgullo algo que evidentemente esta mal. En Santa Cruz, decenas de gendarmes municipales fueron despedidos por no tener la dichosa libreta. El vocero de la Alcaldía fue muy claro, “La ley no se negocia, no se transa”. Claro, para quienes pueden pagar, existe el servicio premilitar, que ahora es un negocio de miles de bolivianos erogados por los padres de familia, una versión blanda que no exige el mismo desgaste físico y que está estratégicamente diseñada para jóvenes de clase media o quien pueda darse el gusto de gastar su plata por un papelito. La libreta militar es un requisito que golpea a los que no pueden pagar una salida alternativa.
Pero la exclusión aún puede ser peor. Si alguien quisiera acceder a los codiciados rangos superiores de la carrera militar, se requieren montos económicos que solo ciertas clases pudientes pueden pagar. Un joven de clase baja puede gastar un año de su vida haciendo el servicio militar básico, pero jamás podrá ser un militar de alto grado, ¡jamás!… La carrera militar está reservada para quienes pueden pagarla. No es mérito, es plata. Lo peor es que una gran cantidad de militares de alto grado, que recibieron formación a costa del esfuerzo de los que no pueden pagar, terminan sin aportar nada a la sociedad, por lo menos nada visible o evidente.
El certificado de idioma y la libreta militar son mecanismos de control o de exclusión, dependiendo quien este a cargo. La diferencia es que el certificado de idioma incomoda a los que mandan porque les exige algo que desprecian. La libreta militar no incomoda a los que mandan porque ellos ya tienen una vía alternativa para obtenerla. La doble moral es supinamente evidente, cuando el requisito afecta a las élites, se busca reformarlo, flexibilizarlo o eliminarlo, pero cuando afecta a los de abajo, se aplica con todo el rigor de la ley. Y sabemos cómo y quienes escriben la ley. El racismo estructural no es solo un problema de actitudes, es un problema de diseño institucional. Nuestro Estado está diseñado para que unitos puedan y otros muchos no. Y que no se me malentienda, no creo que sea una conspiración, estoy seguro que es la estructura.