Los resultados de la última elección llevada a efecto el 22 de marzo, ya están en las actas, por lo menos en un gran porcentaje. Alcaldes y Gobernadores, algunos para segunda vuelta, ya tienen nombre, rostro y lógicamente partido. Pero hay una pregunta que sigue pendiente y que por algún motivo nadie intenta respondes ¿Quién vigila a los que nos vigilan? Porque de nada sirve cambiar autoridades si la justicia sigue siendo funcional al gobierno de turno.
No es un problema nuevo, y sería mezquino atribuirlo solo a este gobierno o al anterior o incluso al anterior del anterior. Lo que tenemos es un mal estructural normalizado, que lleva décadas enquistado, el Órgano Judicial se ha convertido en un departamento simplón y funcional al Ejecutivo, los tribunales fallan a pedido del poderoso y de la coyuntura. La justicia, esa que debía ser el último refugio del débil, se ha vuelto la primera trinchera del fuerte de turno.
Y esto no es charla. Lo vimos en las elecciones recién pasadas, donde la proscripción de siglas y candidatos no fue un accidente, fue un plan interesantemente ejecutado. Un plan que necesitó de fallos judiciales a medida, de resoluciones que llegaron en los momentos más oportunos. Porque cuando la justicia se pliega al poder, deja de ser justicia para convertirse en operador estratégico.
Lo más grave es que esta parcialización es que no distingue colores, se presta descaradamente. Ha perseguido a opositores en un gobierno y a opositores en el siguiente. Lo que cambia es el nombre del perseguido, pero la lógica es la misma: el aparato judicial sirve para disciplinar, como escudo para proteger o como fábrica de proscripciones para armar el tablero electoral a conveniencia.
Mientras tanto, la Bolivia profunda, la de las calles llenas de mendigos, de niños y ancianos pidiendo limosna, de familias destruidas por la crisis económica, no tiene tiempo de seguir estos temas. Pero definitivamente sufre las consecuencias. Porque cuando la justicia y los jueces son piezas políticas, cuando la ley se ejecuta con criterio de amigo o enemigo, entonces el Estado deja de ser un paraguas para convertirse en alguien tristemente peligroso.
Y entonces la gente de a pie queda atrapada sin representación, porque muchos de los que ganaron son improvisados. La justicia no puede protegernos de otros intereses. en el vacio que queda de por medio florece la idea de “sálvese quien pueda”, la desconfianza, la sensación de que todo está armado de antemano. Eso se vuelve evidente por los altos índices de votación nula.
Hay voces inocentes y poco analíticas que dicen que siempre fue así, que en todos lados pasa lo mismo. Pero eso es precisamente lo que hay que romper. Porque cuando naturalizamos que la justicia es funcional a los gobiernos, estamos renunciando a la posibilidad de construir un país donde la justicia ayude a resolver conflictos con el uso de la ley y no con influencias.
Se requiere consensos patrióticos, se requiere meter a los mejores elementos en las instituciones operadoras de la justicia. Se requiere entender que la independencia judicial, es la condición mínima para que un boliviano pueda sentirse seguro sin importar por quién votó.
Los que caminamos la calle sabemos que mientras la justicia siga asi, con la mirada puesta en quién gobierna hoy, todo será un maquillaje, es como ver al Guason de frente y esperar que no se ponga loco.
Bolivia necesita reconstruir sus tejidos sociales, pero esa reconstrucción es imposible si el sistema judicial sigue siendo parte del problema. Porque con una justicia en estado lamentable, no hay democracia posible ya que el árbitro siempre fallará a favor de sus preferencias.